La Cumbre de las Américas en Los Ángeles confirmó una realidad incómoda: Estados Unidos y América Latina tienen poco para decirse. Asediada por problemas domésticos y externos, la administración Biden vio la reunión como un escollo a superar, no como una oportunidad para relanzar los vínculos con la región. Solo a último momento, al conseguir la presencia de Jair Bolsonaro, la Casa Blanca evitó la humillación de una reunión vacía.

Desde comienzos de los 2000, las Cumbres han sido poco más que una foto de ocasión, sin negociaciones sustantivas ni medidas concretas. Los Ángeles no fue la excepción. Los presidentes firmaron acuerdos imprecisos sobre migración, cooperación económica y salud que señalan algunos de los problemas más acuciantes, pero no ofrecen soluciones. La enésima reunión hemisférica sin resultados subraya la necesidad de repensar el mecanismo de cumbres, que quedó congelado en el momento unipolar de la post-guerra fría.

Hace muchos años que la agenda de Miami 1994, basada en la democracia y el libre comercio, es inviable y anacrónica.  Sin embargo, en todo este tiempo Estados Unidos no tuvo el interés o la capacidad de proponer un marco alternativo para estructurar sus vínculos con el "hemisferio occidental". Al referirse a América Latina, funcionarios y legisladores en Washington siguen hablando de "patio" (trasero o delantero), "liderazgo estadounidense" y "alianza de democracias" como si el ascenso de China o la toma del Capitolio del 6 de enero, entre tantos otros eventos, no hubieran existido.

América Latina, por su parte, está fragmentada y debilitada por fuertes tensiones políticas y un prolongado estancamiento económico. A pesar de las proclamas antiimperialistas, los gobiernos de la región prefieren negociar con Washington bilateralmente antes que construir una posición común. Así lo demuestra la postura de Andrés Manuel López Obrador, que capitalizó su ausencia en Los Ángeles para recordar a Biden la importancia de México y ser invitado a la Casa Blanca. La diversidad de capacidades e intereses entre los países latinoamericanos es demasiado grande para articular una política conjunta frente a Estados Unidos.

En un artículo para la página de Foreign Affairs publicado pocos días antes de la cumbre, escrito con Michael Shifter, señalamos la creciente brecha entre lo que Estados Unidos promete en América Latina y lo que es capaz de ofrecer. La demora inexplicable de la administración Biden para distribuir vacunas contra el COVID-19 en la región es una demostración palpable de este fenómeno. También la incapacidad de Estados Unidos de ofrecer una alternativa competitiva a la presencia económica de China en América Latina, sobre todo en el desarrollo de infraestructura.

En ese sentido, la cumbre de Los Ángeles es un síntoma de un problema mucho más amplio: la decreciente relevancia de Estados Unidos en parte de América Latina y la falta de credibilidad de Washington en la región.

Bruno Binetti es candidato a doctor por la London School of Economics y miembro no residente del Inter-American Dialogue.

Los Estados Des-unidos: ¿hacia la polarización social?

Fuente: KathyKafka en iStock.com

Estados Unidos parece estar cada vez más dividido. La sociedad sostiene ideologías opuestas en diversas temáticas, como salud, medio ambiente y economía. Jonathan Weisman, en su reciente artículo en The New York Times, llama irónicamente al país "Estados Desunidos" (Disunited States).

Hay varios focos de conflicto. El punto de quiebre más relevante en el presente son las políticas respecto al aborto. Semanas atrás, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia Roe vs Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto a nivel nacional. El fallo, en cambio, le da potestad a cada estado para regular el aborto (Carpenter, World Politics Review). Como consecuencia, las leyes de aborto están cambiando constantemente en diversos Estados a medida que fiscales generales republicanos presentan peticiones para prohibir esta práctica y grupos de derechos pro-aborto luchan por mantenerla vigente (Messerly, Politico). The New York Times tiene una sección especial en su diario online en donde hace seguimiento de las leyes de aborto en los diferentes estados. Al momento, 10 estados prohibieron el aborto y se espera que 3 más lo hagan en el corto plazo (The New York Times).

El fallo de la Corte provocó que múltiples grupos activistas de derechos humanos hayan puesto en marcha ataques legales y políticos para intentar revertir la decisión. Si bien los activistas declaran que su estrategia es prometedora, el camino parece ser largo e incierto. Según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses opinan que la decisión de abortar debería ser tomada por las mujeres y sus médicos. Sin embargo, múltiples restricciones han sido aprobadas en el último tiempo en estados controlados por el Partido Republicano. Zernike, de The New York Times, sostiene que los distritos legislativos están influenciados por los republicanos, y que, en el corto plazo, se espera que la tendencia a impulsar restricciones respecto del aborto continúe.

Otro foco de tensión social es el manejo del cambio climático. Hacia finales de junio, en el caso West Virginia vs EPA, la Corte Suprema limitó el poder de la Environmental Protection Agency (EPA), bajo la aplicación de "la doctrina de cuestiones mayores" (major question doctrine). La misma implica que las agencias federales, como la EPA, ahora necesitarán autorización explícita del Congreso para tomar decisiones que tengan alta significancia política y económica (Joselow, The Washington Post). La administración Biden delineó el plan para contrarrestar el cambio climático a través de acciones regulatorias por parte de la EPA (Nuccitelli, Yale Climate Connections). La decisión de la Corte implica que la EPA no tiene autoridad para regular centrales productoras de carbón y gas, y restringe la habilidad del gobierno para generar resultados en esta temática (Stevens, The Dialogue). Brooke Masters, de Financial Times, sostiene que la decisión deja al gobierno de Biden debilitado para tomar acción legislativa sobre una temática de alta importancia como es el control de cambio climático. Asimismo, podría ser el primero de múltiples intentos por limitar el poder de otras agencias federales.

La Corte Suprema también dictó un fallo sobre otra temática de disputa: el control de armas. Con mayoría republicana, dejó sin efecto una ley que regía en Nueva York desde 1911. La misma requería a cualquier persona que lleve consigo un arma en público probar que tenía una "causa apropiada" para hacerlo. En este contexto, Biden ha llamado "a todos los estadounidenses a lo largo del país a que se oigan sus voces sobre la seguridad de armas", encontrándose vidas en juego (The Guardian).

Las divisiones en la sociedad son también exacerbadas por los líderes de los partidos Republicano y Demócrata, quienes acentúan las diferencias con el objetivo de sacar rédito político. Cada vez más, ambas partes consideran como amenazas existenciales al ideal de Estados Unidos que cada una sostiene.

Para la derecha, la desilusión con el gobierno de Biden está impulsando al Partido Republicano a alejarse de la democracia (Collinson, CNN). Bacon, de The Washington Post, argumenta que los Republicanos son defensores del poder histórico que tiene la "White Christian America". De esta manera, impulsan leyes que, por ejemplo, apuntan a controlar la forma en que los maestros hablan del racismo y a regular el contenido publicado en redes sociales. También están logrando que sea más difícil votar. Según un artículo de Five ThirtyEight, los Republicanos han logrado aprobar restricciones al voto en 11 estados (Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Montana, Utah y Wyoming). En ese sentido, Daniel Schlozman, de la Universidad Johns Hopkins, sostiene que el GOP está definido actualmente por políticas de resentimiento.

Mientras los republicanos se encuentran unidos para defender el status quo, los demócratas no logran un consenso para decidir en qué medida quieren romper con el orden histórico. Bacon argumenta que el ala izquierda del Partido Demócrata se ha vuelto más asertiva en los últimos cinco años, queriendo crear una "Nueva América". De esta manera, impulsan, por ejemplo, políticas para incrementar impuestos para la salud y la reducción de fondos para la policía. Por su parte, el ala centrista del Partido, que en 1990 sostenía políticas diferentes, ha apoyado un gran número de iniciativas de la izquierda en los últimos años. Schlozman indica que "el centro de gravedad del Partido ha virado decisivamente hacia la izquierda". De esta manera, los demócratas se encuentran divididos en dos bloques: uno que está preocupado por ceder demasiado poder a grupos de activistas de derechos humanos, socialistas y liberales, y otro que busca el cambio sistémico más radical (Bacon, The Washington Post).

De acuerdo a la narrativa nacional predominante estos días, la unidad de Estados Unidos estaría en un punto histórico bajo. John Geer y Mary Catherine Sullivan, en su reciente artículo en The Washington Post, ponen en cuestionamiento esa creencia, argumentando que no hay evidencia empírica que mida el nivel de unidad nacional. Sostienen que formar opiniones basadas en el contenido de las redes sociales no es fiel reflejo de la realidad. Para superar este obstáculo, el Vanderbilt Project on Unity and American Democracy desarrolló el Vanderbilt Unity Index (VUI), que tiene como objetivo medir objetivamente y de forma confiable la unidad nacional. El estudio muestra que el índice de unidad está declinando desde hace 3 décadas. Entre 1981 y 1994 el promedio era 68%, mientras que de 1995 a 2022 es de 59%. El punto más bajo fue durante la presidencia de Trump en 2017, cuando alcanzó el récord de 35%. Actualmente los números rondan el 57%. Los autores consideran que, si bien el número está por debajo del promedio, el panorama de la unidad nacional no es tan pesimista como pareciera.

La polarización doméstica no solamente tiene efectos locales para Estados Unidos. La distribución de poder interno también tiene un impacto en el escenario internacional, principalmente por los efectos económicos, sociales y políticos que genera. Acharya sostiene en Foreign Affairs que aquellos países que logren desarrollar una unidad doméstica más fuerte, asegurando una mejor distribución de salarios y trabajando para eliminar la discriminación, podrán maximizar su crecimiento. De esta manera podrán experimentar una mayor estabilidad e influencia en el largo plazo. En esta línea de análisis, Ganesh, en Financial Times, argumenta que la relevancia de la inestabilidad doméstica radica en cuánto cuesta en términos económicos. Concluye que Estados Unidos, dado que tiene la economía más grande del mundo y la moneda más importante, no debería tener mayores preocupaciones en términos de disminución de poder internacional. Por el contrario, sí considera válidos los miedos sobre la cohesión de la República, en tanto las disidencias internas podrían resultar en un importante cambio en la política doméstica.

Los asuntos de defensa y seguridad regresan al centro de escena

Fuente: Reuters/Pool/Kenny Holston

La continuación de la guerra en Ucrania ha revitalizado los asuntos de defensa y seguridad en la escena internacional. De este modo, las principales potencias se han pronunciado al respecto y desde la última edición de este Boletín dos acontecimientos centrales han tenido lugar: el envío al Congreso estadounidense de la nueva Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos (NDS, por sus siglas en inglés) el 23 de mayo y la Cumbre de la OTAN, que tuvo lugar el 29 y 30 de junio en Madrid.

Si bien su publicación aún está pendiente, la versión transmitida al órgano legislativo estadounidense del documento estratégico de la NDS permite observar los cambios y ajustes que ha tenido la mirada de Estados Unidos en el campo de la defensa y la seguridad internacional. La República Popular China se mantiene como el principal competidor estratégico y como una creciente fuente de amenazas en múltiples frentes. Asimismo, el desafío que representa la potencia asiática en el Indo-Pacífico se presenta como la máxima prioridad para los intereses de seguridad de Estados Unidos.

No obstante, el conflicto en Ucrania también ha recategorizado el lugar de Rusia en la mirada estadounidense. En la NDS, el gigante euroasiático no solo es mencionado igual cantidad de veces que China, sino que, además, es percibido como la segunda amenaza más seria para Washington y el sistema internacional. Esta definición ha llevado a la Casa Blanca a reforzar la colaboración y la disuasión que la OTAN debe ejercer ante Rusia.

Al respecto, Anthony H. Cordesman (CSIS) sostiene que lo que acontece en Ucrania debe llevar a los policy-makers a delinear una NDS mucho más integral y capaz de atender varios frentes. A diferencia de la Guerra Fría, cuando Washington se enfrentaba a un único competidor (la URSS), opina que la guerra en Ucrania ha demostrado que dos son las grandes amenazas a nivel internacional en la actualidad: China y Rusia. Ello amerita una reconsideración profunda de la NDS y no simplemente una modificación para cumplir con plazos y protocolos.

Por su parte, varios miembros del Scowcroft Center for Strategy and Security (Atlantic Council) analizan la NDS y destacan algunos puntos. Entre ellos, subrayan la necesidad de considerar a Rusia como una "amenaza seria" que debe mantenerse en el tiempo más allá de la guerra en Ucrania, incluso cuando Putin esté fuera del poder. Asimismo, enfatizan la complejidad de los objetivos que plantea la NDS, tales como incorporar la mirada de aliados en la estrategia estadounidense y ejercer una disuasión íntegra. En suma, desde el Scowcroft Center concluyen que la NDS deberá ser capaz de considerar e integrar el largo plazo si pretende no quedar rápidamente obsoleta.

En la escena multilateral, la Cumbre de Madrid de la OTAN estuvo enmarcada por el conflicto bélico de Ucrania y la aceptación de Suecia y Finlandia como nuevos miembros. Thomas Graham (CFR) resalta que el nuevo Concepto Estratégico de la organización define a Rusia como la "amenaza más significativa y directa a la seguridad de los Aliados y a la paz y estabilidad en el área euro-atlántica". Dicha definición no solo es un acto retórico, sino que la Cumbre ha oficiado como plataforma para difundir los planes de la OTAN, entre los que se destaca el refuerzo de los Aliados más débiles que comparten sus fronteras con Rusia.

Stewart M. Patrick (CFR) comparte la línea de razonamiento de Graham y añade algunas consideraciones. Entre ellas, considera que Estados Unidos ya no se encuentra en una posición desde la cual pueda presentarse como el "parangón de la democracia". Por ello, desde Washington, el G-7 y la OTAN no se debería apostar discursivamente por la "competencia entre autocracias y democracias", dado que se trata de conceptos y enfoques cuestionables (al respecto, ver edición 118 de este Boletín). En su lugar, Patrick sugiere presentar lo que acontece en Ucrania como una violación a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, una causa con la cual muchos más Estados se sentirán identificados, sin importar su régimen político, sistema económico u otras características.

En una entrevista realizada por Foreign Policy, Julianne Smith, actual Embajadora estadounidense ante la OTAN, resalta dos puntos centrales de cara al futuro de la organización. Por un lado, la inclusión de China como desafío estratégico dentro del Concepto Estratégico de la OTAN da cuenta de la seriedad con la que la organización observa el vínculo "sin límites" entre la potencia asiática y Rusia. Por otra parte, Smith considera que la guerra en Ucrania permite a los miembros aprender sobre el sistema de toma de decisiones de Putin, las debilidades de Rusia y el estado general de su Ejército. Ello representa un insumo valioso para los planes que delinee la OTAN de aquí en más.

Sobre el futuro de la OTAN, Charles A. Kupchan (Foreign Affairs) sostiene que, si bien las medidas tomadas hasta el momento frente a la invasión rusa a Ucrania son correctas, en adelante los líderes deben ponderar su impacto en sus propios territorios y buscar evitar que sus consecuencias se transformen en combustible para el fortalecimiento de populistas iliberales. Por dicho motivo, arguye que los esfuerzos deben empezar a orientarse hacia una solución diplomática del conflicto.

Asimismo, Kupchan considera que la invasión hizo evidente la necesidad de repensar el "área gris" de Europa, es decir, aquellos países que se encuentran entre el territorio de la OTAN y Rusia, tales como Ucrania, Georgia y Bielorrusia. Al respecto, postula que la neutralidad de dichos territorios, junto con garantías de seguridad provistas por Occidente y claridad en cuanto al límite oriental de la OTAN, oficiaría como una solución viable para garantizar la integridad de esos países al tiempo que no se provoque a Rusia. Aquí es importante remarcar que las garantías de seguridad serían similares a la asistencia que actualmente recibe Ucrania: no involucra tropas de Occidente, pero sí la provisión de armamento para poder combatir.

Por último, estrechar los lazos entre la OTAN y la UE también podría ser parte de la solución para aquellos países que pretenden mantenerse cercanos a Occidente, pero que provocarían a Rusia si se incorporasen a la OTAN. En un contexto donde el bloque europeo atraviesa su "despertar geopolítico", el ingreso de estos países a la UE les permitiría contar con el respaldo internacional de Occidente; aunque sin generar los resquemores ni riesgos de escalada con Rusia que ocasionaría su ingreso a la organización transatlántica. De este modo, según argumenta Kupchin, todas las partes se beneficiarían sin dar lugar a focos de conflicto. Al respecto, véase el caso de Ucrania: Putin se opone firmemente a su ingreso a la OTAN, pero no ve problemático su potencial ingreso a la UE y, al mismo tiempo, ello no impide que reciba cuantiosa asistencia de Occidente en medio del conflicto bélico.

En conclusión, la extensión de la guerra lleva a repensar no solo el devenir propio del conflicto, sino también de las estrategias que adoptarán los principales actores de aquí en adelante. Para el caso particular de Estados Unidos, los desafíos que enfrenta tanto a nivel nacional con la NDS como a nivel multilateral en la OTAN comparten similitudes, por lo que pareciera ser que el éxito que se alcance en cualquiera de dichos frentes influenciará notoriamente los resultados que se obtenga en el otro.

La IX Cumbre de las Américas: entre la fragmentación regional y un liderazgo desgastado

Fuente: Samuel Corum / NYT

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en especial a partir del siglo XXI, las cumbres de líderes han tenido un auge fundado en la posibilidad de acelerar la toma de decisiones frente a los límites que encuentran las burocracias internacionales y domésticas para resolver desafíos globales (Jorge Heine, Grand Continent). La IX Cumbre de las Américas, desarrollada entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles, se presentaba como una oportunidad única para que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estrechara los lazos con América Latina y el Caribe. Fue anticipada a inicios de este año como el "evento de mayor prioridad" de Estados Unidos para el hemisferio, conforme a las declaraciones de un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (New York Times). La condición de Estados Unidos como anfitrión de una nueva Cumbre después de 28 años (la primera se celebró en 1994 en Miami), luego de la inasistencia del expresidente Donald Trump a la Cumbre de Lima de 2018, y la promesa de que América Latina sería la región para el lanzamiento de la iniciativa Build Back Better World, generaba expectativas desde el año pasado en materia de algunos avances positivos en las relaciones interamericanas (Suma Política, Esteban Actis). Sin embargo, las instancias previas de su organización y el propio desarrollo del encuentro reforzaron el diagnóstico de un hemisferio con fuertes divisiones e intereses y de un debilitamiento del liderazgo norteamericano en América Latina.

Durante las semanas previas a la reunión, los trascendidos sobre la exclusión de los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre dieron lugar a un rechazo generalizado por parte de los principales mandatarios de la región (Ver Boletín Nº 118 de este Observatorio). La discusión en torno a las inclusiones y exclusiones acabó por dominar el encuentro, al cual asistieron 23 líderes, en contraste con los 34 que lo hicieron a la VII Cumbre realizada en 2015 en Panamá. Así, por ejemplo, el discurso del canciller mexicano Marcelo Ebrard estuvo casi enteramente dedicado a criticar esta decisión, algo también subrayado en distintas ocasiones por los presidentes de la Argentina, Alberto Fernández, y de Chile, Gabriel Boric. Las inasistencias y críticas así como el vaciamiento de la agenda le valió la calificación al encuentro de "debacle diplomática" –en palabras de Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations–, debido a su incapacidad para producir respuestas políticas (Twitter). La agenda, lejos de haberse consensuado entre el anfitrión y los países de la región, "terminó siendo algo anodino, impuesto unilateralmente, y sin ninguna relación con la gravedad de la crisis que azota al hemisferio", de acuerdo a Jorge Heine (El Grand Continent). ¿Cuáles fueron los principales proyectos impulsados en la Cumbre?

La migración indocumentada fue una de las prioridades que Washington buscó poner en la agenda del encuentro, un asunto clave en materia doméstica estadounidense y que hacía imprescindible asegurar la participación de México y Brasil en las semanas previas a la Cumbre (New York Times, CERES). En un foro impulsado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social de Bolivia, Grace Jaramillo indicó a fines de mayo que gran parte de la reticencia de los líderes de Brasil y México frente a la Cumbre provenía del temor de sus presidentes a tener que responder a las presiones de Estados Unidos para "avanzar hacia un acuerdo migratorio intervencionista" (CERES). El Acuerdo sobre Migraciones suscrito por 20 países en la Cumbre podría representar un paso adelante en la materia, aunque no deja de ser llamativo que ninguno de los presidentes del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), un territorio que es una fuente principal de esa migración ilegal, no asistiesen a la Cumbre. La declaración sí incluye compromisos específicos con México, Canadá, Costa Rica, Belice y Ecuador, pero no con Brasil. Entre los compromisos adquiridos, Estados Unidos se comprometió a ampliar la recepción anual de refugiados provenientes de América Latina y el Caribe a 20.000 personas para 2023 y 2024 (dando especial atención a aquellos provenientes de Haití, el territorio con los índices de pobreza más elevados del continente) (The Conversation). Además, se acordó facilitar las vías legales para recibir inmigrantes por motivos laborales, especialmente en Estados Unidos y Canadá. La reanudación de la tramitación de visados familiares para los cubanos también fue discutida, junto con la facilitación de los trámites de contratación a trabajadores centroamericanos. Numerosas críticas sugieren que estas medidas no serán suficientes para contener la crisis migratoria actual (The Conversation). De hecho, el acuerdo no especifica la forma en la que Estados Unidos legalizará el estatus de los 5 millones de migrantes mexicanos irregulares o los 2 millones de migrantes irregulares de países centroamericanos que ya están en suelo estadounidense. Tampoco se ha resuelto nada para resolver el estatus de los 600.000 "dreamers" (los hijos de inmigrantes ilegales que han crecido en los Estados Unidos o los cientos de miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños con estatus de protección temporal en los Estados Unidos, como señala el director ejecutivo de "América sin Muros", Bernardo Méndez-Lugo (The Conversation).

En materia económica, el proyecto central de la agenda fue el de la "Sociedad Americana para la Prosperidad Económica" ("American Partnership for Economic Prosperity" –APEP–), que recoge nociones similares de las primeras cumbres. El mismo es similar al Marco Económico del Indo-Pacífico anunciado por el presidente Biden en su reciente visita a Asia. Se trata de esquemas con énfasis en regulaciones de diverso tipo, en materia ambiental, laboral y digital, pero que no contemplan un mayor acceso al mercado de Estados Unidos, ni recursos frescos significativos, lo cual los hace de interés limitado. De hecho, países interesados en negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, como Ecuador y Uruguay, han sido informados que ello no será considerado por Washington. Muchos líderes esperaban un anuncio importante de Estados Unidos sobre un compromiso sustancial de financiamiento para la infraestructura y el desarrollo económico de América Latina (Council on Foreign Relations, Andrés Rozental). De acuerdo a Shannon O'Neil, la Cumbre careció de planes integrales o concretos para abordar estas y otras problemáticas (Council on Foreign Relations). La mayor parte de lo que se prometió fue la inversión del sector privado, al igual que lo ofrecido por administraciones estadounidenses anteriores y que nunca fue materializado (Council on Foreign Relations), de acuerdo a la opinión de Andrés Rozental.

Como ha señalado Juan Battaleme (Council on Foreign Relations), Biden puede estar dando señales de receptividad a la región, pero la pregunta es si Estados Unidos está preparado para responder de manera concreta a los temas que componen la agenda de los países latinoamericanos. El problema es de prioridades. Es probable que los gobiernos de la región mantengan su preferencia por trabajar de manera bilateral en lugar de multilateral. Estados Unidos probablemente deba dejar de lado, como fue señalado en boletines anteriores de este observatorio, los diseños de estrategias continentales. Distintos analistas han señalado que las cumbres son, en gran medida, una cuestión de retórica. De esta manera, frente a un hemisferio dividido, la influencia cada vez más limitada de Estados Unidos en la región, Michael Shifter y Bruno Binetti (Foreign Affairs) delinean la idea de una "Post-American Latin America". Ante una "América Latina post americana" Washington tendrá que aprender a trabajar e interactuar con una región que depende menos de Estados Unidos, política y económicamente, que en cualquier otro momento de las últimas décadas, como lo han señalado Bruno Binetti en la sección inicial de este Observatorio y Oliver Stuenkel en un reciente artículo del Council on Foreign Relations.