En defensa de jueces y abogados. Informes 2008-2009 al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas

7 de septiembre de 2010
Presentación del libro de Leandro Despouy, en su condición de Relator Especial de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, editado por el proyecto "Independencia y acceso a la justicia en América Latina" de APDH-AECID
Por Isidro Baschar y Ramón Mansilla

El martes 7 de septiembre de 2010 se celebró en el auditorio del CARI una sesión académica con motivo de la presentación del libro "En defensa de jueces y abogados. Informes 2008-2009 al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas" escrito por Leandro Despouy en condición de Relator Especial de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados y editado por el proyecto "Independencia y acceso a la justicia en América Latina" de la Agencia Para los Derechos Humanos (APDH) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En primer lugar, el Director de Programas de la AECID Dr. Julián Egea -encomendado por el Embajador Rafael Estrella y en representación de la Embajada de España-, manifestó el gran interés presentado por parte de la Agencia respecto al proyecto para la independencia de la justicia. En este sentido, sostuvo: "Para nosotros es de vital importancia que la justicia sea independiente, que sea profesional y que sea eficaz". Aún más, remarcó en igual dirección: "Como es lógico, creemos en los tres poderes que constituyen el Estado y pensamos que el sistema judicial es un pilar fundamental de una democracia, sobre todo la independencia del poder judicial". Así, y luego remarcar la gran difusión de este tipo de libros por su accesibilidad y por su calidad, Egea felicitó al autor por su excelente trabajo, destacando la potencialidad del material para aquellos interesados en la materia.

"La experiencia nos indica que en un contexto de amplias y repetidas violaciones de los derechos humanos, si no existen vías institucionales y regladas de revertir esa situación, es solo cuestión de tiempo para que este sufrimiento termine expresándose por canales violentos"

Le sucedió al Dr. Egea en el uso de la palabra el presidente del CARI, Dr. Adalberto Rodríguez Giavarini, quien destacó la importancia de algunos puntos que considera centrales y se encuentran comprendidos por los informes de Despouy: la importancia otorgada al concepto y a la implementación del "estado de excepción", señalando la posibilidad de que un recurso semejante pueda generar situaciones especiales y ocasionar consecuentes y preocupantes hechos de violación de los derechos humanos; la utilización del "estado de excepción" sin su proclamación –"estados de excepción de facto"– justificado por el alegato de defensa de la seguridad nacional que, nuevamente y ante complejos escenarios internacionales como plantea la lucha contra el terrorismo, puede producir la vulneración de los derechos humanos; la justicia como garantía y pilar fundamental para el mantenimiento de la gobernabilidad y continuidad democrática y la necesidad del acceso a la justicia como mecanismo de garantía de cumplimiento o restablecimiento de aquellos derechos que han sido vulnerados o conculcados. En este sentido, sostiene: "La experiencia nos indica que en un contexto de amplias y repetidas violaciones de los derechos humanos, si no existen vías institucionales y regladas de revertir esa situación, es solo cuestión de tiempo para que este sufrimiento termine expresándose por canales violentos".

Posteriormente, el Presidente de la Magistratura de la Nación y coordinador del panel, Luis María Cabral, dio lectura a una afectuosa carta enviada por el señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina Carlos Fayt al autor de libro Leandro Despouy y agradeció al CARI y a sus autoridades por otorgar el espacio para discutir una temática tan importante como la independencia de jueces y abogados, eje que calificó como "primordial tarea para asegurar una vida democrática y republicana en nuestro país".

 

La independencia de la defensa pública nacional

A continuación, hizo uso de la palabra María Fernanda López Puleio, Defensora Pública Oficial Adjunta de la Defensoría General de la Nación. Luego de congraciarse con la reciente publicación de Despouy y reconocer la importancia de su trabajo, sostuvo que el Dr. Despouy ha podido generar un espacio de debate novedoso por haber trascendido la tarea funcional y sistemática de relator, otorgándole amplitud a su perspectiva y un nuevo impulso a la forma de ejercicio de su rol ya que ha podido establecer un nexo fundamental entre cuestiones que hacen al desempeño funcional de cualquier integrante de la justicia y el medio en el cual la actividad se desarrolla: "Es el primero que traslada este nexo fundamental entre lo que significa la independencia en el marco de actuación de jueces, fiscales, defensores y por supuesto también abogados y el rol fundamental que ellos desempeñan, de acuerdo al mayor o menor nivel de acceso a la justicia".

La doctora Puleio identificó además que entre los elementos principales de análisis para la redacción de los informes, destaca la consagración de un modelo de defensa pública como el federal argentino, capaz de ser exportado, digno de valorización, reflexión crítica y orgullo nacional: "Es fundamental el modelo establecido y cada vez en más países de Latinoamérica es un modelo institucional que goza de autonomía funcional y autarquía financiera (…) Somos quizás, el país que puede mostrar el mayor nivel de autonomía funcional ligado por lo menos a la descripción constitucional y claro está a la práctica del día a día". Sin embargo, no descartó la necesidad de revisar la situación de autonomía en las provincias producto de las figuras de los procuradores generales que operan simultáneamente como acusadores y garantes de quien se defiende.

 

La independencia de los abogados

El doctor Enrique Pedro Basla, Presidente de Honor de la Unión Internacional de Abogados y ex Presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, sostuvo respecto a los aportes de Despouy que no solo representan un noble acto de rendición de cuentas sino también una significativa invitación programática al proceso de construcción del derecho. En este sentido, identificó que el catálogo de acciones y consideraciones que hacen al proceso de construcción del derecho ha sido producto de un proceso histórico de decantación y todavía constituye un desarrollo que no se encuentra agotado en donde la independencia de la justicia es un elemento más dentro del conjunto de elementos que hacen a la defensa y a la abogacía. A este respecto, sostuvo: "Lo que tenemos que tener en claro es que cuando hablamos de abogacía, o de la independencia de los abogados, no estamos hablando de una prerrogativa para un grupo profesional sino que estamos hablando de las garantías de los justiciables frente a ciertas y determinadas cuestiones de conflicto".

"No hay abogacía independiente sin estado de derecho y difícilmente haya un estado de derecho sin abogacía independiente"

Aún más, tomando algunas ideas del desarrollo de Despouy, indicó que "no hay abogacía independiente sin estado de derecho, y difícilmente haya un estado de derecho sin abogacía independiente" donde la independencia de jueces y abogados "son dos caras de una misma moneda". Además, agregó que en el desarrollo de Despouy respecto a la independencia de los abogados, están "campeando" de alguna manera, implícita o explícitamente, todas las garantías que hacen a la defensa.

Respecto a los caminos por recorrer, señaló que Despouy logra identificar dentro del proceso histórico de construcción del derecho una acción programática a desarrollar: la prestación de asistencia por parte de los colegios de abogados a aquellos que no poseen la capacidad de acceder a una defensa o incluso la insuficiencia de este recurso en algunos casos, haciendo del derecho una tarea inconclusa que "induce a la desesperación" y nos otorga siempre una bandera de lucha.

Finalmente, identificó como relevante la importancia atribuida por Despouy a las asociaciones de abogados o la colegiación pluralista de la abogacía como instituciones con sus propias autoridades, con sus propias regulaciones y la consecuente capacidad de defender al derecho de la intervención e injerencia estatal y garantizar su independencia, situación que a su juicio es una dificultad que en la Provincia de Buenos Aires el Consejo de la Magistratura debe enfrentar frecuentemente por la ausencia de perspectivas pluralistas y el predominio de posturas partidarias.

 

La independencia de los fiscales

El doctor Germán Bincaz, Fiscal Nacional en lo Penal Tributario, reconoció la consideración del Dr. Despouy en su publicación de la figura de los fiscales y el posible vínculo por primera vez de la figura de éstos dentro de un foro de debate internacional. En este sentido, sostuvo: "Siempre me llamó poderosamente la atención que en el seno de las Naciones Unidas se haya gestado un relatoría referenciada a un sistema que no contemple ni en su forma ni en su contenido a uno de los actores de ese sistema (…) y por eso digo tuvo que aparecer la lucidez de una mente que en su sabiduría ve más allá, y que lo que es más importante, actúa más allá".

"Yo creo que en su esencia, la naturaleza de la función de los fiscales participa de la naturaleza de los jueces; ambos son órganos del Estado que se inspiran en la misma finalidad, esto es: administrar justicia conforme a Derecho"

En palabras del Dr. Bincaz, Despouy encontró la posibilidad de valorar y consecuentemente vincular la figura del fiscal al debate a pesar de la dificultad de relacionar la tarea del fiscal a los estándares internacionales producto de lo diverso de las funciones propias en los distintos países y de su evolución a lo largo del tiempo en los distintos sistemas. Despouy dice "que el mandato de relator especial también incluye la independencia de los fiscales porque esta hace a la independencia del sistema general de justicia". En esta dirección afirmó: "yo creo que en su esencia, la naturaleza de la función de los fiscales participa de la naturaleza de los jueces; ambos son órganos del Estado que se inspiran en la misma finalidad, esto es: administrar justicia conforme a Derecho" a lo que inmediatamente agregó: "Esto no significa que confundamos los roles, cada uno tiene su rol específico".

 

La independencia de los jueces

La doctora Hilda Kagan, Presidenta de la Corte Suprema de Buenos Aires, resaltó la importancia que significó tener a Despouy como relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así también como su dedicación y compromiso por el cargo.

Asimismo, se refirió a un caso en particular que se publica en el libro. La jueza Marta Catella, miembro del juzgado superior de Misiones y a cargo del tribunal electoral, fue víctima de la falta de independencia del poder judicial.

A fines del año 2006, la jueza convalidó la determinación del Concejo Deliberante de la Intendencia de San Vicente de destituir a su intendente. Del mismo modo, dictaminó una resolución en la que estableció el cumplimiento de la Constitución Provincial, que reserva el mínimo de un tercio de la representatividad a la minoría.

Dicha decisión significaba un problema para el oficialismo, por lo que la jueza fue denunciada, y en un tiempo record de menos de 15 días, fue juzgada y sin derecho a defenderse removida de su cargo.

Actualmente Marta continúa luchando por sus derechos y dignidad pese a tener la posibilidad de quedarse en su casa con una excelente jubilación.

Sin embargo deberá enfrentarse a una corte completamente adversa, cuyos jueces fueron nombrados por intereses y no por su independencia ni capacidad.

El último de los panelistas invitados, el doctor Ricardo Recondo, Presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, se refirió a la importancia que tiene el poder judicial.

"Ningún estatuto es suficiente para garantizar la libertad de la gente frente a las ansias de poder de los seres humanos organizados"

Parafraseando a Aristóteles, recordó que las democracias son débiles y con el fin de hallar mayor legitimidad se ha creado una gran ficción: La representatividad. Esta representatividad es en pocas palabras el delegar el poder a la ley y al derecho, al cual luego, todas las instituciones y personas deben sujetarse: "ningún estatuto es suficiente para garantizar la libertad de la gente frente a las ansias de poder de los seres humanos organizados".

Recondo señala que es solamente el poder judicial el que tiene las capacidades de cuidar, a fin de cuentas, las libertades de los individuos y controlar a los otros dos poderes. Y en este último punto es donde observa el principal punto de conflicto entre los tres poderes y la principal razón por la cual el poder judicial es perseguido. "A nadie le gusta ser controlado y menos cuando esas personas tienen un gran poder".

Es una realidad que el poder judicial lucha constantemente por su independencia. Sin embargo es necesario reconocer que los jueces no son superhombres -"El juez no es un superhombre, es una persona común, que debe juzgar cosas que no son comunes"- y es por eso que existen una serie de protecciones que le otorgan al juez ciertas inmunidades, que Recondo diferenció de impunidades. En este sentido, estas inmunidades son necesarias debido a la gran cantidad de presiones que pueden recibir o reciben tanto durante su mandato como una vez que este finaliza.

Aún así, realiza una autocrítica y plantea que aún existe una deuda entre los jueces y la sociedad, que es la incapacidad de juzgar a quienes han delinquido y ejercen el poder. Respecto a esto, señala una gran excepción: el juicio a las Juntas Militares. Este fue de gran importancia ya que se juzgó a un grupo muy poderoso y Recondo indicó que fue en ese período en donde el Poder Judicial de la Nación tuvo su mayor aceptación, reputación que le gustaría volver a poseer.

Sin embargo, existen grandes inconvenientes que generan una importante dificultad para el buen funcionamiento del sistema judicial. Entre ellas, Recondo nombró el caso del Consejo de la Magistratura. El hecho de que si un juez falla contra el gobierno es sometido a juicio político le da poco margen de maniobra para actuar. Aun así, se vislumbra una posibilidad de enfrentar tras las elecciones en los colegios de abogados, que darán la capacidad de luchar junto a la oposición para detener los nombramientos de los jueces "amigos" del poder y los juicios políticos a aquellos que fallan en contra de sus intereses.

El buen funcionamiento del sistema judicial está principalmente atado a tres factores. Por un lado, a que el juez debe ser independiente. No solo de los otros poderes sino de los intereses. Un juez no debe ser nombrado simplemente por sus capacidades intelectuales o académicas, sino por su independencia para actuar y decidir.

En segundo lugar, el juez debe ser independiente también dentro del sistema judicial. La Corte Suprema es la cabeza del poder, es la autoridad política y administrativa, pero no decide por los jueces. El ejercicio de los jueces es seguir la ley.

Por último, la necesidad del juez de tener una independencia funcional respecto a si mismo. Debe dejar de lado los prejuicios, las emociones y sentimientos, las publicaciones de medios de comunicación o las presiones familiares y sociales.

Solo si estos tres factores se cumplen, se podrá hablar de un sistema judicial respetable.

 

Ultimas reflexiones a cargo de Leandro Despouy

"Es muy importante que el juez sienta que su deber es la independencia y se sienta independiente. Es por eso que es tan dañino en los sistemas en donde la elección del juez resulta de los intereses económicos o las trincheras políticas. Es muy importante que el juez sepa que su cargo no se lo debe a nadie. El poder lo seduce o lo somete. Y en última instancia son los jueces los únicos que pueden detener a las personas que detentan el poder"

Luego de varios años como relator de las Naciones Unidas, repetidos viajes por los países más pobres y los más ricos del mundo, el Dr. Leandro Despouy señala cuales son las claves para un buen funcionamiento del sistema judicial. Para comenzar resalta la importancia de la independencia, razón por la cual señaló con preocupación el fin de la pluralidad y equilibrio en la constitución del Consejo de la Magistratura. Desde su perspectiva, esto transformó al sistema judicial en un escenario conflictivo y genera inseguridad entre quienes son parte.

Asimismo, se refirió a la "epidemia" de los jueces provisorios en América Latina: de acuerdo a recientes encuestas, se observó que más del 20% de los juzgados en Argentina son subrogantes. Esto genera una gran precariedad en el trato de los casos.

Las distorsiones en el manejo de los presupuestos con fines políticos es también parte del mal funcionamiento del sistema judicial. La falta de capacitación, de concursos o el vaciamiento de personal que se está dando dentro del sistema judicial es un grave inconveniente. Asimismo, resalta la necesidad de que sea el poder judicial quien maneje este presupuesto y no se vea limitado por el poder ejecutivo.

Hoy en día, la mayoría de los juzgados y cámaras aceptan auditorias; no les importa ser controlados, pero es necesario disponer de libertad con el accionar del presupuesto, ya que es clave para ser autónomos.

A nivel internacional, el poder judicial está tomando cada día un orden más relevante. Pero es necesario que actúe de acuerdo a sus propios intereses, intereses que provienen de la Ley y del Derecho. Esto solo se podrá lograr de la mano de mayor autonomía, que lo hará a la vez mucho más eficiente.

La presencia que tienen los jueces, abogados y sobre todo los fiscales -que son de vital importancia para el funcionamiento de la democracia- y su independencia, es la principal clave.

Por último, resaltó la necesidad de que el juez se sienta independiente. "Es muy importante que el juez sienta que su deber es la independencia, y se sienta independiente. Es por eso que es tan dañino en los sistemas en donde la elección del juez resulta de las marañas, de los intereses económicos o las trincheras políticas. Es muy importante que el juez sepa que su cargo no se lo debe a nadie. El poder o lo seduce o lo somete. Y en última instancia son los jueces los únicos que pueden detener a las personas que pueden detentar el poder".

Más información:

Corte Suprema de Buenos Aires
Asamblea Permanente de los Derechos Humanos
Ministerio Público de la Defensa

CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Uruguay 1037, piso 1°, C1016ACA Buenos Aires, República Argentina
Teléfono (005411) 4811-0071 al 74 / Fax (005411) 4815-4742