24 de junio de 2010

Seminario organizado por el CARI

Por Juanita Ceballos, Gloria Montanaro y Laura Quesada González

El tratamiento de la delincuencia organizada transnacional y otros delitos en la agenda internacional e interamericana

Raúl RicardesCoordinador de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Por Juanita Ceballos y Laura Quesada González

Raúl Ricardes, Coordinador de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, dio comienzo a la jornada. En su disertación, realizó un completo y riguroso análisis de los principios y criterios comunes acordados a nivel mundial en lo que respecta al tratamiento de la delincuencia organizada transnacional según la Agenda Internacional y la Interamericana.

El Embajador Ricardes planteó que, en los últimos años, apareció en el ámbito interamericano un nuevo concepto que amplía los enfoques tradicionales: "seguridad multidimensional". Debido a esto y a la necesidad de organizar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, los países desarrollaron compromisos regionales e internacionales.

Además, señaló que los crecientes avances comunicacionales de este mundo globalizado tornan permeables las fronteras y generan conexiones articuladamente sofisticadas. Debido a esto, los Estados requieren llevar adelante acciones coordinadas y de cooperación que sean capaces de ofrecer respuestas adecuadas.

En este punto, destaco la Declaración del Milenio en la cual los jefes de Estado y Gobierno, reunidos en septiembre del año 2000, acordaron entre otras cosas:

- Adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional y adherir cuanto antes a todas las convenciones internacionales pertinentes.

- Redoblar los esfuerzos para poner en práctica el compromiso de luchar contra el problema mundial de la droga.

- Intensificar la lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus dimensiones (…)

El Embajador Ricardes hizo hincapié en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (también denominada Convención de Palermo). Para el diplomático, esta Convención constituye un hito en términos jurídicos y políticos y un marco de referencia obligado en lo relacionado a los delitos de participación en un grupo delictivo organizado, blanqueo del producto del delito, corrupción y obstrucción de la justicia. Esto se debe a que, por primera vez, se establecen a nivel internacional los requisitos mínimos que los países deben cumplir para tener una legislación eficiente, a fin de conseguir resultados en la lucha contra la delincuencia organizada.

En materia de lucha contra el terrorismo, expresó que debido a la dificultad política para la adopción de una definición, hay únicamente trece instrumentos jurídicos. A partir de septiembre de 2001, el terrorismo y la seguridad interna volvieron a ser temas primordiales dentro de la agenda internacional. En este período, se redacto la Convención Interamericana contra el Terrorismo aprobada en junio de 2002. En sus artículos se hace referencia a medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo, se tipifican los delitos de lavado de dinero y se menciona la cooperación en el ámbito fronterizo y a través de la Organización de los Estados Americanos, entre otros temas.

En lo referido al problema mundial de las drogas, destacó que, en reemplazo del sistema unilateral aplicado en su momento por Estados Unidos, se estableció en la región hace algo más de una década, un Mecanismo de Evaluación Multilateral en el que expertos gubernamentales presentan informes sobre los progresos logrados por los Estados miembros de la OEA y por el hemisferio en su conjunto, en materia de lucha contra las drogas.

Para Ricardes, Argentina es un activo protagonista en el fortalecimiento de acciones internas y el desarrollo de la cooperación. En materia de terrorismo, el país es miembro de doce de las trece convenciones internacionales en materia de terrorismo. Y participa en el ámbito subregional junto con Brasil, Paraguay y los Estados Unidos en el mecanismo 3+1 de seguridad en la Triple Frontera.

Destacó especialmente que la Argentina sufrió en dos oportunidades la acción del terrorismo a través de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la sede de la AMIA en 1994. Y fue la Argentina quien esbozó e impulsó en el marco de la OEA la iniciativa de crear el CIT, Comité Interamericano contra el Terrorismo.

Señaló que la Argentina estableció una clara distinción entre lo que se entiende por seguridad interna (vinculada con delitos de orden interno y de naturaleza policial o criminal) y lo que atañe a la seguridad externa o internacional (referida esencialmente a la preservación de la soberanía, la integridad territorial y la defensa de sus habitantes para cuya resolución se requiere el empleo de las fuerzas armadas).

Por otra parte, afirmó que una activa participación no tiene por qué implicar un olvido tácito del respeto por los derechos humanos. Es un requisito esencial que éstos sean tenidos en cuenta con las víctimas así como también con los actores.

Para Ricardes, resulta evidente que los delitos tienen una enorme repercusión en el desarrollo de la propia institucionalidad de los gobiernos y la seguridad. Por eso, se requieren acciones coordinadas con cooperación eficaz. Condiciones económicas como la pobreza o la inequidad, deben ser tomadas en consideracion al momento de evaluar soluciones. Por lo tanto, para traducir los logros en respuestas adecuadas, destaca la importancia de hacer una revisión de las políticas así como también trabajar por establecer enfoques integrales.

Nuevos esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Guillermo Serpa GuiñazúEx coordinador del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la OEA

Por Juanita Ceballos y Laura Quesada González

El segundo expositor del seminario, Guillermo Serpa Guiñazú, ex coordinador del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la OEA, dedicó su disertación a los nuevos esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Planteó la existencia de tres instrumentos fundamentales: la Convención de Viena de 1988, la Convención de Palermo del año 2000 sobre la delincuencia organizada, y la Convención de Supresión de financiamiento al terrorismo de 1999, que entró en vigencia en el año 2000.

Asimismo, destacó dos herramientas de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que merecen ser remarcadas: el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Convención de Palermo, cuyo artículo 7, de acuerdo con Dr. Serpa Guiñazú, "es fundamental porque establece medidas para combatir el lavado de dinero y también permite un amplio régimen de control interno para prevenir y detectar el blanqueo".

Según el Dr. Serpa Guiñazú a partir del atentado a las Torres Gemelas, se puso en el primer lugar de prioridades la necesidad de dar una respuesta inmediata al tema de la seguridad internacional. A partir de entonces, el GAFI sumó ese año 8 recomendaciones a las 40 recomendaciones iniciales. Posteriormente el 22 de octubre de 2004, se agregó una nueva recomendación referida al movimiento de dinero a través de fronteras (cash courrier).

Además, señaló tres ámbitos de actuación necesarios a tener en cuenta al momento de abordar estas cuestiones:

- Individuos que utilizan o abusan del sistema financiero para pasar inadvertidos bienes que son producidos ilícitamente con el objetivo de que lleguen a terroristas o sean legitimados.

- Entidades que se encuentran directa o dolosamente vinculadas por medio del financiamiento con acciones terroristas.

- Nivel estadual. No son organizaciones criminales, ni entidades. Se produce principalmente por la permisibilidad de los marcos regulatorios de los Estados que se convierten en paraísos fiscales y funcionan como puertos seguros para terroristas.

Con respecto al tercer ámbito de acción, señaló que Argentina es el "campeón en marcos regulatorios permisivos" porque constantemente viola los controles que establecen otros países miembros.

De acuerdo con lo expuesto, mientras más compleja la operatoria, es más sencilla la detección del lavado de activos gracias a la gran capacitación existente en materia de operaciones complejas.

En lo que se refiere a la naturaleza de las organizaciones terroristas, Serpa Guiñazú explicó que existen dos tipos. Por un lado está el tradicional, personificado en el Ejército Republicano Irlandés (IRA por sus siglas en inglés) o ETA. Por el otro, están las no tradicionales -como las del Terrorismo Radical Islámico- en las que hay que distinguir el tipo de financiamiento: a nivel estructura o nivel célula.

Para el funcionario, en materia de actos terroristas no debería interesar en principio quiénes son los actores, sino las figuras tipificadas como delitos. Sin embargo, a la ley le interesa si es realizado o no por una asociación terrorista. "Acá está el problema. Va a haber una serie de atentados que por no ser ejecutados por asociaciones van a quedar al margen de la calificación como actos terroristas, serán solamente delitos", expresó.

Serpa Guiñazú alertó que los actos terroristas son mucho más económicos de lo que se piensa ya que su realización incluye solamente recolección de datos y envío de fondos. "El atentado de Londres costó 8 mil libras, Madrid 10 mil dólares y los ataques con camiones en Estambul 40 mil dólares", ejemplificó.

A su vez recordó que por la cantidad de premisas que incumple, el gobierno argentino está cerca de caer en la "lista gris" del GAFI, donde ya se encuentran Bolivia y Paraguay, entre otros países. Esto encarecería el crédito y la operatoria general del sistema financiero local. El siguiente paso, si no hay mejoras, es ubicarse en la "lista negra", en la que figuran Ecuador e Irán.

A modo de conclusión, Serpa Guiñazú reflexionó que "el problema de nuestro país es que creemos que solamente con la manifestación de voluntad de acción es suficiente. Pensamos que eso impone obligaciones. Sin embargo, esas obligaciones no son cumplidas o solo se cumplen cuando estamos apremiados", remarcó al concluir con su disertación.

Situación del narcotráfico en la República Argentina, como manifestación del crimen organizado transnacional

Claudio Gutiérrez de la CárcovaJuez Federal, Tribunal Oral en lo Penal Económico

Por Gloria Montanaro

El Juez Federal del Tribunal Oral en lo Penal Económico, Claudio Gutiérrez de la Cárcova, declaró que la situación del narcotráfico en la República Argentina "está delicada".

Según sus declaraciones, en la Argentina hay en la actualidad 245 detenidos con causas vinculadas al tráfico de estupefacientes. "Tengo 30 años trabajando en narcotráfico internacional y nunca tuve tanto detenido", agregó.

Nuestro país está ubicado en una posición geográfica riesgosa dada la cercanía con todos los países productores de cocaína y de marihuana. "La Argentina parece que estuviera signada con flechas en todos lados".

El fenómeno del narcotráfico empezó a tomar dimensión en la Argentina en la década del 70' con la introducción de la marihuana paraguaya y la cocaína procedente de Bolivia y Perú. Actualmente, alrededor del 80 o 90% del THC que se consume en nuestro país llega desde Paraguay. "Nosotros absorbemos la producción de la marihuana paraguaya", explicó el juez.

A mediados de los años 80' se produce un punto de inflexión en la Argentina. Gutiérrez de la Cárcova, contó que en julio de 1988 se decomisaron 600 kilos de cocaína en un embarque de langostinos que salía de Mar del Plata y otros 700 kilos más en Philadelphia con anchoas del puerto de Mar del Plata; en total 1300 kilos de cocaína en una operatoria. "Ya no estamos hablando de un ciudadano que viene de turista con una valija doble fondo sino de un cargamento en embarco de ultramar con una carga internacional", puntualiza. Este acontecimiento da cuentas de que en nuestro territorio ya existía una estructura organizativa para el negocio del narcotráfico. Ya pasaron 22 años del hecho y el fenómeno sigue creciendo tan rápido que "venimos corriendo detrás".

Gutiérrez de la Cárcova explicó que las guerras de los carteles en Colombia y en México por el dominio territorial económico ya se han terminado debido a que hoy se han vuelto socios íntimos y los narcos colombianos necesitan de los mexicanos para la incursión en Estados Unidos, principal consumidor de cocaína en el mundo.

Si bien el 50% de la producción de cocaína se envía a EEUU para su consumo, el juez advirtió que Argentina está peleando con Brasil e Inglaterra, la posición en el ranking de consumo de cocaína. Esto significa que Argentina ya no es un país de transito. Es más, informó que según las Naciones Unidas, Argentina lidera hoy, en franjas jóvenes, el consumo de cocaína.

Por otro lado, las alertas del paco (pasta básica de cocaína) comienzan a raíz de la crisis financiera que ha tenido la Argentina a partir del 2002. La buena calidad de la industria química argentina permite que el producto llegue al país y luego se elabore aquí la cocaína. Es por esto que el paco afecta tanto a franjas vulnerables como a capas medias, y no solamente en ámbitos de la Capital y Gran Buenos Aires, sino también en el interior del país.

Además, Gutiérrez de la Cárcova señaló el florecimiento de pistas clandestinas y la falta de radarización de las fronteras como una de las principales debilidades en la lucha contra en narcotráfico que ingresa por vía aérea.

En este sentido, también observó cómo en los últimos años aumentó en nuestro país el desvío de precursores, el envío fundamentalmente a México de estimulantes de tipo anfetamínico, en particular efedrina y pseudo-efedrina. De acuerdo con las explicaciones del juez, "la importación procedente de China e India se había cerrado en México y comenzaron a triangular por acá. Se nos colaron alrededor de 23 toneladas de efedrina en poco tiempo, cuando la producción medicinal demanda muy poca cantidad".

Gutiérrez de la Cárcova concluyó que el narcotráfico "pone en riesgo institucional una nación. "El crimen transnacional hizo pié, yo creo que hay que empujarlo para que se caiga, porque donde haga pie definitivamente, vamos a estar en serios problemas".