Impactos políticos y socio-económicos del COVID-19 en América Latina

Por Lila Roldán Vázquez, 29 de mayo de 2020

La Organización Mundial de la Salud declaró recientemente que el epicentro de la pandemia de COVID-19, causada por el coronavirus, está en América Latina y el Caribe, con 645.000 casos confirmados al 22 de mayo. El vertiginoso aumento de casos y fallecimientos en países como Brasil, Perú y Ecuador, y el paulatino crecimiento de esos índices en otros países de la región, como la Argentina, Chile y México, reflejados en las estadísticas de la Organización, fundamentaron esa definición.

Si la situación es extremadamente delicada desde el punto de vista sanitario, ésta se torna aún más preocupante al observar el panorama general de la región. América Latina no enfrenta los desafíos del COVID-19 en su mejor momento. Las condiciones socio-económicas de los países de la región, así como el resurgimiento de fisuras basadas en concepciones ideológicas divergentes de sus respectivos gobiernos y la fragilidad institucional que la caracteriza, distan de conformar el escenario más apropiado para una respuesta eficaz y coordenada a los desafíos de esta nueva amenaza mundial.

Aunque, sin duda, el impacto económico de la pandemia alcanzará –en mayor o menor medida– al conjunto de la humanidad, y muy probablemente se haga sentir con más fuerza en nuestra región, no menos importancia debería darse al impacto político que podría tener en nuestros países, dependiendo de las respuestas de los respectivos gobiernos a este inusual desafío.

Las crisis, temporarias por definición, no siempre alteran radicalmente el curso de la historia, pero pueden constituir una oportunidad para la profundización de tendencias autoritarias o populistas, o para develar tensiones políticas preexistentes a nivel interno y con otros países de la región.

En América Latina y el Caribe, a las situaciones de crisis internas en varios de nuestros países –agravadas ciertamente por el impacto de la pandemia– se agregan los des-entendimientos bilaterales o regionales originados en las diferencias ideológicas de sus gobiernos.

En una carta hecha pública el 16 de abril pasado y suscrita, entre otros, por varios expresidentes de la región (Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile, Juan Manuel Santos de Colombia y Ernesto Zedillo de México), se alerta sobre el posible debilitamiento de nuestras democracias como consecuencia de esta crisis. Y se pregona que la confianza mutua, la transparencia, la racionalidad y no el populismo o la demagogia, son los caminos a seguir en estos tiempos inciertos. Esta crisis, según el documento, debería servir, por el contrario, para fortalecer las democracias en América Latina.

La crónica fragilidad de nuestras instituciones y los recurrentes agravios al Estado de Derecho en la región han conformado un escenario negativo para el progreso de nuestros países y para una inserción firme en la economía mundial que permita el progreso de nuestros pueblos. La preocupación primigenia por mantener las economías o los sistemas políticos nacionales privilegiándola vis-a-vis la región o, en otros casos, la falta de políticas de Estado que permitan mantener y afianzar los proyectos de integración, han conspirado fuertemente en contra de los esfuerzos de concertación e integración regionales.

Llegada la pandemia, han sido escasos los instrumentos disponibles y las acciones adoptadas en conjunto para aliviar sus efectos. En ese marco, han surgido incluso tensiones innecesarias en ámbitos privilegiados de integración, como el Mercosur, en momentos en los cuales es más necesario que nunca disponer de mecanismos de concertación regional efectivos y de reacción rápida.

El impacto político en algunos de nuestros países no es desdeñable. En un panorama de deterioro institucional generalizado, se corren serios riesgos de un incremento de mecanismos populistas o de profundización del autoritarismo en Estados de la región.

La aparición de la pandemia del COVID-19 ha contribuido a profundizar, en algunos casos, las divergencias internas –como en el caso de Brasil– o a postergar definiciones políticas –como en el caso de Bolivia.

En lo que respecta a crisis internas, el caso más llamativo es sin duda el del Brasil, donde se ha producido una situación de enfrentamiento entre los poderes del Estado, un cisma entre el Gobierno central y varios de los Gobiernos estaduales y la polarización de la población, dividida entre el apoyo y la oposición a las políticas sanitaria y económica de la Presidencia. En una situación prácticamente sin precedentes, se registran más de treinta pedidos de "impeachment" al Presidente Bolsonaro, quien ha conseguido repercusión internacional por su peculiar actitud frente a la pandemia y a sus opositores, desafiando al Parlamento y al Tribunal Supremo Federal (Corte Suprema de Justicia), y formulando críticas descarnadas a gobernadores y a los otros poderes del Estado.

Paralelamente, la situación sanitaria del país es devastadora, con más de 25000 muertes y focos de contagio en lugares con condiciones sanitarias deplorables, como en las grandes favelas urbanas y en el Amazonas, donde el Alcalde de Manaos ha acusado a Bolsonaro de cometer un "genocidio".

En otros países de la región, la pandemia ha tenido trascendentes efectos electorales, como en el caso de Bolivia, donde han debido suspenderse las elecciones generales previstas para el 3 de mayo, prorrogándose su realización para una fecha aún no determinada entre el 28 de junio y el 27 de septiembre de este año.

En Chile, sacudido por protestas populares desde fines de 2019, agudizadas en los últimos días, se decidió también, en virtud de la pandemia, postergar al 25 de octubre de 2020 el referéndum constitucional previsto para el 26 de abril pasado.

A su vez, en Venezuela, el presidente Maduro se propone postergar las elecciones parlamentarias previstas para este año, a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19, en un país convulsionado social y políticamente, con su economía y su sistema de salud en estado de gran precariedad.

Llamativamente, en México se presenta la situación opuesta. El referéndum revocatorio para decidir si el presidente López Obrador sigue o no en su cargo, oportunamente aprobado por el Congreso, estaba previsto para tener lugar en 2022. Sin embargo, ante las críticas de la oposición por su actitud ante la crisis provocada por el COVID-19, y en medio de anuncios de medidas para contrarrestarla, López Obrador propuso que dicho referéndum se adelante para el 2021, sin haberse determinado aún su fecha de realización.

La conmoción interna puede tener también efectos decisivos en el devenir político de los países; las protestas populares frente a las medidas adoptadas y a sus consecuencias sociales y económicas se multiplican en la región: Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, y en otros casos se ponen en duda las aseveraciones de los gobiernos respecto de la pandemia, como en Nicaragua, donde se acentúan los rasgos autoritarios de su administración.

Han surgido asimismo diferencias entre países vecinos, a raíz de cierres de fronteras para impedir la propagación del virus o de críticas a las políticas respectivamente aplicadas. Debe reconocerse que éste no ha sido un fenómeno exclusivo de América Latina: en las primeras etapas de la pandemia la reacción de los miembros de la Unión Europea, por ejemplo, distó de ser una de cooperación, caracterizándose más bien por medidas adoptadas individualmente por cada Estado para proteger a sus ciudadanos en el marco de sus respectivas fronteras.

En su informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera muy probable que, en virtud del "Gran Confinamiento", la economía mundial experimente este año la recesión más aguda desde la Gran Depresión, con una drástica contracción del crecimiento.

En el mismo sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la pandemia provocará la peor recesión en la historia de la región, en un marco de desaceleración económica, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema en 2019: del 30.1% al 30.8% y del 10.7% al 11.5%, respectivamente.

En abril, la CEPAL publicó un Informe Especial sobre los posibles efectos del COVID-19, en el cual advierte: "América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo (…), los efectos de la crisis han llevado a pronosticar una caída del PIB de al menos un 1,8%, aunque no es de descartar que el desarrollo de la pandemia lleve a previsiones de contracciones de entre un 3% y un 4%, o incluso más".

Por otro lado, en un rasgo compartido con numerosos países de distintas regiones del mundo –inclusive los de mayor desarrollo– las infraestructuras sanitarias no están en general preparadas para atender suficiente y adecuadamente las necesidades originadas por la pandemia. Su acondicionamiento y el equipamiento para detección y tratamiento del virus requieren una impostergable inyección de recursos en el sistema sanitario que alterará naturalmente las prioridades habituales de los presupuestos nacionales, incidiendo gravemente sobre el crecimiento de la región.

No menor es el impacto de la pandemia sobre las tasas de ocupación en los países en general y en las naciones latinoamericanas en particular. Solo para dar un ejemplo, la tasa de desocupación en Brasil ascendió en abril a 12.6%, llegando así a la elevada cifra de 12.8 millones de desempleados: alrededor de 900.000 personas quedaron sin trabajo desde el inicio de la pandemia, según el Instituto de Geografía y Estadística del Brasil (IBGE).

Esa situación se repite en todos los países del subcontinente, con las consecuencias previsibles para la recuperación de sus economías y de la calidad de vida post-pandemia de sus poblaciones.

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advirtió el miércoles 27 de mayo sobre el aumento de la inseguridad alimentaria en la región, estimando que debido a la pandemia de coronavirus al menos 14 millones de personas podrían pasar hambre en América Latina.

Al observar la región en el contexto internacional, se advierte a primera vista la retracción de los Estados Unidos en sus programas de ayuda sanitaria o económica –concentrado en la recuperación de la gravísima situación sanitaria dentro de sus propias fronteras y en las prioridades electorales que motivan muchas de las decisiones de su gobierno. Hemos asistido así al cierre de las fronteras para evitar el ingreso de refugiados o, en los últimos días, a la prohibición de ingreso de personas provenientes del Brasil.

Ante esa retracción estadounidense de su tradicional zona de influencia, China ha comenzado a desplegar en América Latina y el Caribe su llamada "diplomacia de las mascarillas". China es actualmente el segundo socio comercial de la región y ha superado a los Estados Unidos en varios de sus países. Diecinueve estados latinoamericanos han adherido a la Iniciativa de la Ruta y el Cinturón (la nueva Ruta de la Seda), favoreciendo crecientes inversiones chinas en proyectos de infraestructura y energía.

Después de haber sido el primer país afectado por la pandemia, y una vez que comenzó a superar sus efectos, China inició una ofensiva sanitaria y económica para re-posicionarse en la escena mundial. En ese marco, comenzó a brindar asistencia técnica y material sanitario a varios países de la región; ejemplos de ello son el establecimiento de puentes aéreos con México, Venezuela y la Argentina –entre otros– para la provisión de mascarillas, kits de prueba y respiradores artificiales o la venta a Haití de dieciocho millones de dólares en equipo médico, buscando mejorar su posicionamiento en la región y, por qué no, ganar terreno en la zona de influencia de su gran rival a nivel mundial.

El otro socio mayoritario de América Latina, la Unión Europea, tampoco ha estado especialmente presente en la región, aunque le ha destinado parte de los fondos que ofrece a países terceros para combatir la pandemia. De un total de 15.600 millones de euros destinados para paliar la crisis a nivel global, se destinarían 918 millones de euros para América Latina, orientados a mejorar la respuesta sanitaria y de prevención y a la asistencia técnica.

Será muy interesante observar cómo se posicionará América Latina y el Caribe en el escenario internacional cuando esta pandemia haya sido superada, y si los países de la región podrán retomar la senda del crecimiento, idealmente con posiciones y estrategias de inserción concertadas a nivel regional.

En general, las crisis sirven como reveladores o detonadores de problemas que las preceden. En nuestra región, el COVID-19 ha puesto en evidencia no solo las insuficiencias de sus sistemas sanitarios y el retraso en el crecimiento económico a nivel general, sino también las flaquezas de sus sistemas institucionales y de las relaciones entre sus miembros.

Sería deseable que los ya graves efectos de esta pandemia provoquen reacciones positivas en los respectivos gobiernos nacionales, para superar esta nueva crisis en un marco de mayor democracia y respeto al Estado de Derecho, y con un renovado compromiso por la integración regional.

Lila Roldán Vázquez, Embajadora, Master en Integración Europea por la Universidad Complutense de Madrid, Ex-Subsecretaria de Asuntos de América Latina y el Caribe en la Cancillería argentina Miembro Consejero del C.A.R.I., Directora del Grupo de Estudios Contemporáneos del Espacio Eurasiático del C.A.R.I.